Las afirmaciones del Gobierno sobre una reducción de las muertes violentas en Azuay generaron una respuesta pública del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien cuestionó las cifras oficiales y reclamó explicaciones sobre la inversión y el despliegue policial en la ciudad.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que durante el año 2025 las muertes violentas en la provincia del Azuay se redujeron en más del 50 %. Según señaló, el país enfrenta actualmente un escenario distinto, en el que las autoridades ya no combaten únicamente a la delincuencia común, sino al crimen organizado transnacional.
Estas declaraciones fueron respondidas por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien puso en duda los datos presentados por la ministra y cuestionó la gestión del Ministerio de Gobierno en materia de seguridad para la capital azuaya. El burgomaestre recordó que solo en octubre de 2025 se registraron seis sicariatos en la ciudad y dos más en noviembre, hechos que calificó como inusuales para Cuenca.
No señora ministra Morillo @MinGobiernoEc
— Cristian Zamora M (@czamoramatute) January 20, 2026
En Cuenca, solo en octubre del 2025 se dieron 6 sicariatos y 2 en noviembre, casi en seguidilla, algo insólito en esta ciudad, y ni sus representantes ni ud salieron a decir una sola palabra o explicación
Informe a la tercera ciudad… https://t.co/bZS4tQI2TQ
Zamora afirmó que, durante esos episodios, ni la ministra ni sus representantes ofrecieron explicaciones públicas a la ciudadanía. Además, solicitó que se informe de manera transparente cuánto se ha invertido en seguridad en la tercera ciudad del país, tanto del presupuesto ordinario como del fondo extraordinario proveniente del 3 % del IVA, al señalar que no se perciben resultados visibles.
El alcalde también pidió aclarar cuántos efectivos policiales están actualmente asignados a Cuenca y cuántos habrían sido trasladados a otras zonas, lo que —según sostuvo— ha reducido el contingente que le corresponde a la ciudad.
En su pronunciamiento, Zamora insistió en que la ciudadanía exige respuestas concretas y no cifras que, a su criterio, se alejan de la realidad local, al tiempo que advirtió que la inconformidad social podría incrementarse si no se evidencian acciones efectivas en materia de seguridad.
