El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó la noche del martes 9 de junio de 2026 a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó la sentencia en su contra por una infracción electoral relacionada con violencia política de género.
La decisión implica la suspensión de sus derechos políticos durante seis meses, lo que le impide participar como candidato en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.
A través de un pronunciamiento público el alcalde señaló que acatará el fallo, aunque expresó su desacuerdo con la resolución emitida por el organismo electoral.
Zamora sostiene que continuará al frente del Municipio
Tras conocerse la decisión del TCE, Cristian Zamora aseguró que permanecerá en funciones hasta concluir su administración municipal.
Además, afirmó que la sentencia tiene motivaciones electorales y negó haber cometido actos de violencia política de género.
“Creo que se ha cometido una inmensa injusticia contra mi persona, pero sobre todo a Cuenca”, manifestó durante su pronunciamiento.
El alcalde también sostuvo que mantenía respaldo ciudadano para buscar la reelección en los próximos comicios.
TCE ratificó sentencia emitida en primera instancia
La resolución fue adoptada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral luego de analizar el recurso de apelación presentado por el alcalde cuencano.
El trámite fue admitido el pasado 3 de junio y el proyecto de resolución estuvo a cargo del juez Guillermo Ortega Caicedo.
Finalmente, con cuatro votos a favor, el organismo negó la apelación y ratificó la sentencia dictada en primera instancia por el juez Joaquín Viteri.
Caso se originó por denuncia de concejala Diana González
En el fallo inicial, el juez electoral determinó que Cristian Zamora incurrió en una infracción electoral por violencia política de género contra la concejala Diana González.
Además de la suspensión de derechos políticos, la resolución establece una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados, monto que supera los 12.000 dólares.
La sanción forma parte de las medidas de reparación integral dispuestas dentro del proceso electoral.